La Derecha en Chile 13 - Respeto por el patrimonio

Varios dirigentes del izquierdismo reconocen que su desprecio por el derecho de las personas al dominio de su patrimonio personal, familiar o social estuvo en el origen del rechazo ciudadano al gobierno castrista de Salvador Allende [Un ejemplo entre varios: “El crimen de la izquierda, en el sentido de acción intencional evitable, que produce daño, fue nuestro desprecio por la propiedad, y no darnos cuenta que ésta es un elemento fundamental del orden social, de los incentivos y de la tranquilidad de la gente” Fernando Flores, La Estrella de Iquique, 30 agosto 2003].

Por supuesto que hubo otras poderosísimas razones para el rechazo ciudadano, pero este reconocimiento expreso y la evidencia del éxito del modelo contrario pueden explicar que hasta ahora ningún izquierdista se haya atrevido a reflotar sus “conquistas irreversibles” del pasado.

Sin embargo, es claro que quienes adhieren a las ideas socialistas resienten seriamente gestionar un sistema que les bloquea intervenir en esos derechos y no pueden evitar que esa tendencia a expropiar se exprese en cualquier otra forma.

Hay muchos ejemplos de este vicio expropiatorio. Entre los que puedo recordar ahora:

— el mantenimiento del IVA en 19% (deshonrando el compromiso de rebajarlo) y el de una pesada carga tributaria que no supo de alivio alguno durante los casi 20 años de gobierno izquierdista.

— la extremada fiscalización de quienes emprenden, que hace imposible para el fiscalizado eludir una multa o gravamen con cada visita del inspector,

— la contumacia en el mantenimiento de tributos claramente injustos y gananciosos únicamente para quienes administran el erario (combustibles, ley de timbres, crédito, etc.),

— la expropiación parcial y dañosa de bienes raíces para obras públicas (principalmente de pobladores que pierden plusvalía, accesibilidad o, incluso, la utilidad razonable del bien remanente),

— la práctica de determinar reajustes, regalías y cambios en las condiciones de trabajo al interior de las empresas que dañan la rentabilidad cuando la actividad ya está en marcha,

— la apropiación por parte del gobierno de una parte de las donaciones culturales para destinarla a fines que al gobierno le parezcan equitativos,

— etc.

Hay otros ejemplos quizás menos evidentes de este irrespeto por el patrimonio o la propiedad, como el desprecio, amparado en un “bien superior”, de los derechos de propiedad constituidos en zonas de catástrofe (el caso de la evacuación de Chaitén a raíz de una erupción volcánica constituye un acto de intervención que claramente excedió las atribuciones de la autoridad); o la acumulación de gravámenes o limitaciones al uso de los automóviles, derecho por el cual la gente ha pagado y, que yo sepa, jamás se le ha restituido impuestos por esa exacción.

Lo mismo puede decirse respecto de la desprotección frente a los ataques a la propiedad agrícola en la Araucanía, donde el progresismo hoy fuera del gobierno tuvo manga ancha para la acción desestabilizadora de agitadores del PC y del extranjero, otorgó prebendas y donó propiedades a violentistas, dificultó el accionar de la justicia y sólo cuando el asunto llegó a mayores se avino a convocar las leyes que una vez fuera del poder han impugnado.

Para la derecha no debiera ser problemático definirse claras referencias orientadas a robustecer estos derechos e incorporar a su discurso esta garantía, que no tiene nada que ver con la defensa de los intereses de los ricos.

De hecho, la protección de los derechos de los consumidores frente a la omnipotencia de los operadores bancarios ha podido abrirse camino recién bajo el gobierno de los derechistas.

Lo mismo cabe esperar en relación a la deseable intangibilidad del patrimonio básico de una familia.

Aunque nuestras normativas facilitan en gran medida el ejercicio bancario y financiero, no protegen en una medida equivalente a las personas, impedidas de quebrar o declararse en cesación de pagos.

En esta línea, mientras se robustece a las comunidades reales (ver capítulo anterior) algo debiera hacerse para que el patrimonio básico familiar no se arriesgue ni que el legítimo derecho de bancos y acreedores de perseguir el pago de sus deudas pueda alcanzar hasta el punto de lanzar una familia a la calle con su prole y sus bártulos miserablemente expuestos a la compasión pública.

Un gobierno de derechas es el único del que podemos esperar que se potencie la capacidad del individuo para emprender y para tener dominio sobre el patrimonio que surja de su trabajo honesto.

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